La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos. Establece la continuidad de las pensiones, las prestaciones y la cobertura médica, además de permitir compatibilizar el beneficio con un empleo formal bajo determinados límites de ingresos.
El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El proyecto recibió 71 votos a favor y ninguno en contra, luego de más de cuatro horas de debate, y completó así su recorrido legislativo tras haber obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados.
La nueva normativa reemplaza el esquema de emergencia, cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre, por un régimen permanente. De esta manera, busca garantizar la continuidad de los principales beneficios y prestaciones destinados a las personas con discapacidad, además de establecer mecanismos de financiamiento, actualización y control.
Uno de los puntos centrales es el mantenimiento de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% de la jubilación mínima. La norma también permite que sus titulares puedan acceder a un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, garantiza la continuidad de la cobertura médica a través del programa federal Incluir Salud.
En relación con las prestaciones, se conserva el nomenclador único y el arancel unificado para los servicios destinados a personas con discapacidad. Los valores deberán actualizarse de acuerdo con la movilidad jubilatoria, vinculada a la evolución de los precios.
La ley también incorpora disposiciones para regularizar las deudas con los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la sanción y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la normativa.
Otro aspecto contemplado es el financiamiento del sistema. Las partidas del Ministerio de Salud destinadas a discapacidad no podrán reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior. Además, se prevé la utilización de recursos del Tesoro Nacional para cubrir eventuales faltantes.
La iniciativa incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información de distintos organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
En cuanto a las posibles suspensiones de pensiones, establece un procedimiento que obliga a notificar previamente a la persona beneficiaria y otorgarle un plazo de 60 días para presentar su descargo. Luego, la situación deberá ser revisada por la autoridad competente.
Con la aprobación del Senado, el Congreso completó el tratamiento de una iniciativa que transforma en permanentes las principales garantías del sistema de discapacidad, hasta ahora sujetas a un régimen de emergencia con fecha de vencimiento.