La Comunidad Ctalamochita recibirá la Carpeta Técnica de Relevamiento Territorial

Será otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El próximo martes 16 de enero, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) otorgará a la Comunidad Ctalamochita del Pueblo Nación Comechingon de Villa Nueva la Carpeta Técnica de Relevamiento Territorial. Solamente 4 organizaciones de Córdoba son reconocidas por el Estado Nacional.

A través del documento que emite la dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos, se reconoce el territorio de la comunidad.

La CPI, Marta Ceballos, y la segunda autoridad del Consejo Provincial Indígena, Carlos Loza, visitarán Villa Nueva para hacer oficial la entrega. La Carpeta Técnica está aplicada por la Ley Nacional 26.160, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas.

El Cacique de la Comunidad Ctalamochita, Héctor Osvaldo Tulian explicó que esto va a ser un hecho "histórico" para la ciudad. Solamente cuatro comunidades reciben esta carpeta, dos pertenecientes al Pueblo Nación Comechingón, una a Ranqueles y la otra a Sanavirones.

¿Qué es la Ley Nacional 26.160?

La Ley nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT.

La misma fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia, y de orden público.

La ley declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas; y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.