En Argentina, la ley que garantiza este derecho fue sancionada en diciembre del 2020 y el próximo enero se cumplirán dos años desde su aplicación.
La reciente detención y liberación de cuatro socorristas en Villa María puso de manifiesto la importancia de garantizar el acompañamiento de las personas gestantes al momento de ejercer su derecho a la interrupción de su embarazo. En Argentina, la ley que garantiza este derecho fue sancionada en diciembre del 2020 y el próximo enero se cumplirán dos años desde su aplicación.
El proyecto de Ley fue escrito, debatido, re-escrito y presentado en reiteradas oportunidades por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En 2020, y con algunas modificaciones, ingresó una propuesta del Ejecutivo Nacional que fue aprobada en diciembre de ese año. Allí, se detalla que, hasta las 14 semanas inclusive, las personas gestantes pueden decidir, de manera voluntaria, interrumpir un embarazo sin dar motivos de su decisión. Eso se conoce como Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A partir de las 15 semanas, las personas pueden decidir no continuar con su gestación basándose en causales, es decir que se puede acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando este ponga en riesgo la salud de manera integral o la vida de la persona gestante, o provenga de una situación de violencia sexual.
Diversos grupos, feminismos y organizaciones participaron en la lucha colectiva para lograr que el proyecto tomara fuerza de ley. Una de ellas fue Socorristas en Red (SenRed), quienes desde 2012 han impulsado su llegada al Senado de la Nación, y que dos años más tarde, adquieren un “claro sentido” de propósito alrededor del acompañamiento de las personas gestantes en su decisión de interrumpir un embarazo.
La SenRed está compuesta por heterogéneas activistas, colectivas y grupos feministas que, junto con el amplio movimiento de mujeres, los movimientos sexo-genéricos, investigadores, personal de salud y otros sectores sociales proponen campañas de trabajo en torno a la salud sexual reproductiva.
“Desde el inicio somos una red pública, porque si hay algo que nos interesó fue desclandestinizar el aborto, despatologizarlo y crear prácticas, políticas y teorías sobre cuidados feministas en esta red”, destacó Ruth Zurbriggen, miembro y activista de la SenRed.
DATOS
A julio de 2022 el registro de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva indica que se practicaron 73.487 abortos en el país. Pero uno de los datos clave para comprender esa cifra es la segregación por provincia, que demuestra las inequidades existentes para su acceso en todo el territorio.
En todo el país, la tasa nacional de IVE/ILE por mil mujeres en edad fértil creció y fue del 5,59%. Sin embargo, la situación difiere según la jurisdicción. Por ejemplo, Formosa se ubica muy por debajo del promedio, con alrededor de un 1,69%, mientras que La Pampa alcanza un 12,18%.
Esta variación indica que el acceso al derecho al aborto no es el mismo en todo el país. Allí es que activismos como la SenRed cobra mayor importancia para la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por otro lado, el mismo informe observa que el servicio de salud pública cuenta con más de 6,5 mil hospitales y centros de salud distribuidos en todo el país pero solo 1.327 garantizan estas prácticas, apenas un 20% hasta el momento.
Imagen: La Tinta
Fuente La Tinta y el Instagram de socorristascordobahilando