Agrupaciones locales repudiaron el accionar del Gobierno

En un comunicado explicaron que es "inadmisible" que un organismo creado para garantizar derechos de las personas con discapacidad se haya transformado en un "posible escenario de corrupción y enriquecimiento personal".

La agrupación Profesionales Unidos de Villa María y zona, el Consejo Asesor Municipal de Discapacidad de Villa María y la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad rechazaron el accionar del Gobierno Nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud. A través de un comunicado, los grupos expresaron su "más enérgico repudio".

Allí explicaron que es "inadmisible" que un organismo creado para garantizar derechos de las personas con discapacidad se haya transformado en un "posible escenario de corrupción y enriquecimiento personal". Sumaron: "este escándalo se suma a un contexto de recortes brutales que han vulnerado derechos básicos: suspensión de prestaciones, falta de autorización de las prestaciones por parte del incluir salud, recorte de sesiones a las terapias, paralización en el otorgamiento de pensiones, trabas en el otorgamiento del CUD y demoras en los pagos congelados a prestadores".

"Mientras se ventilan tramas de coimas millonarias, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad con el pretexto de la 'austeridad'. Esta contradicción desnuda la verdadera lógica de un modelo político que ajusta a quienes más necesitan apoyo, al mismo tiempo que habilita negocios espurios con fondos públicos. Sumado a los discursos de odio con los cuales elevan la vara de tolerancia al ajuste desmedido que se traduce en un genocidio por goteo", detallaron en el escrito.

Las agrupaciones exigen con urgencia:

• Una investigación inmediata, transparente y pública que garantice sanciones a todos los responsables políticos y administrativos.
• La conformación de una comisión investigadora en el Congreso que esclarezca los hechos y garantice control social.
• La suspensión de las auditorías en curso, hasta tanto se aseguren mecanismos de transparencia y accesibilidad reales, que no funcionen como discursos de crueldad ni como herramientas de ajuste.
• Restitución inmediata de las pensiones que fueron dadas de baja.
• Que ninguna medida afecte a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores, porque cada obstáculo burocrático se traduce en el freno concreto de apoyos vitales, pensiones, prestaciones y derechos esenciales.

"Este escándalo reafirma la urgencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ya no hay excusas para vetar ni para seguir demorando su implementación", definieron.

A través del comunicado, las agrupaciones concluyeron: "como lo venimos sosteniendo con coherencia y consistencia, seguiremos construyendo redes de acción colectiva para transitar esta crisis y defender la dignidad de nuestro sector. No vamos a naturalizar la corrupción ni el ajuste. La defensa de los derechos de las personas con discapacidad es una causa ética, política y social que nos convoca a todas y todos".

Foto: El Diario.