Córdoba aprobó un programa para refinanciar deudas familiares con tasas de hasta el 35%

La Legislatura convirtió en ley la iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora para personas con dificultades financieras. Permitirá reordenar deudas de préstamos personales y tarjetas de crédito en plazos de entre 24 y 48 cuotas. Para acceder habrá que cumplir una serie de requisitos.

La Legislatura de Córdoba aprobó el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, una iniciativa enviada por el gobernador Martín Llaryora que busca facilitar la reorganización de las deudas de familias que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

La nueva herramienta permitirá refinanciar, reprogramar o reestructurar determinadas deudas bajo condiciones especiales, con el objetivo de reducir el costo financiero que afrontan los hogares y evitar un mayor deterioro de su situación crediticia.

Uno de los puntos centrales de la ley es que las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito que adhieran al programa deberán ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) fija de hasta el 35%, con planes de pago que podrán extenderse entre 24 y 48 cuotas mensuales.

La participación de bancos y emisoras de tarjetas será voluntaria.

¿Qué deudas se podrán refinanciar?

El programa alcanzará a obligaciones provenientes de préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento utilizadas para cubrir gastos ordinarios y necesidades básicas del hogar.

En cambio, quedarán expresamente excluidas las deudas relacionadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas, así como aquellas contraídas para cancelar o refinanciar obligaciones originadas por esos conceptos.

Quiénes podrán acceder

La normativa establece una serie de condiciones para focalizar el beneficio en personas que ya presentan dificultades para afrontar sus compromisos.

Podrán solicitar el ingreso quienes tengan al menos dos años de domicilio en la provincia de Córdoba y hayan estado clasificados en Situación 2 o Situación 3 en la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central al 31 de julio de 2026.

La Situación 2 corresponde a personas que presentan atrasos o riesgo bajo en el cumplimiento de sus obligaciones, mientras que la Situación 3 comprende casos con un mayor nivel de incumplimiento.

Además, la reglamentación establecerá otros criterios económicos, financieros y patrimoniales que deberán cumplir quienes quieran acceder.

Entre los aspectos que podrán evaluarse se encuentran los ingresos del solicitante y de su grupo familiar conviviente, la titularidad de inmuebles y vehículos, otros bienes registrables, inversiones y activos financieros, además de la relación entre los ingresos disponibles y las deudas que debe afrontar el hogar.

Beneficios para los bancos que adhieran

Para incentivar la participación de entidades financieras y emisoras de tarjetas, la Provincia estableció un beneficio tributario específico.

Los intereses y ajustes correspondientes a las operaciones realizadas dentro del programa tendrán una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El mismo tratamiento alcanzará a los intereses financieros o compensatorios correspondientes a saldos de tarjetas refinanciados mediante esta herramienta.

El objetivo es generar condiciones para que bancos y emisoras se incorporen al esquema y puedan ofrecer las líneas especiales previstas por la ley.

Con la aprobación legislativa, el próximo paso será la reglamentación y puesta en funcionamiento del programa.

El Ministerio de Economía de Córdoba será la autoridad de aplicación y deberá definir los procedimientos de adhesión de las entidades, la forma en que los interesados podrán acceder, la verificación de los requisitos y los mecanismos de control.

La medida apunta especialmente a familias que, sin encontrarse todavía en los niveles más críticos de incumplimiento, necesitan reorganizar sus compromisos financieros y acceder a condiciones que les permitan recuperar progresivamente su capacidad de pago.