El proyecto que reabrió uno de los debates más sensibles del país: la Ley de Tierras

Te contamos los principales ejes del proyecto, qué cambios propone y en qué etapa se encuentra su tratamiento en el Congreso.

La reforma de la Ley de Tierras es uno de los proyectos que más discusión genera actualmente en el Congreso de la Nación. Aunque suele resumirse como una iniciativa para modificar las reglas sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el texto también incorpora cambios vinculados a la propiedad privada, las expropiaciones y los desalojos, por lo que su alcance es más amplio.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional aún no se convirtió en ley. Si bien avanzó durante su tratamiento legislativo, todavía no obtuvo la aprobación definitiva del Congreso y continúa en debate en el Senado, donde el oficialismo debió postergar su tratamiento por no reunir los votos necesarios para sancionarlo.

¿Qué dice la ley vigente?

Actualmente rige la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

Entre otros puntos, la normativa fija que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, ni tampoco ese porcentaje dentro de cada provincia o municipio. Además, establece restricciones sobre la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero y protege determinadas zonas consideradas estratégicas, como aquellas cercanas a grandes cuerpos de agua o recursos naturales.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto oficial busca modificar de manera significativa ese esquema.

Uno de los cambios centrales es eliminar el límite nacional del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales y trasladar esa decisión a cada provincia. Es decir, cada jurisdicción podría definir si mantiene restricciones, las flexibiliza o directamente no establece límites para futuras adquisiciones.

La iniciativa también incorpora modificaciones vinculadas a la protección de la propiedad privada. Entre ellas, propone cambios en los procedimientos de expropiación y en los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, aspectos que también forman parte del debate parlamentario.

¿Por qué genera tanta discusión?

La reforma enfrenta posiciones contrapuestas.

Quienes apoyan la iniciativa sostienen que flexibilizar las restricciones permitiría atraer inversiones, generar mayor actividad económica y dar a las provincias mayor autonomía para decidir sobre la administración de sus tierras.

En cambio, quienes cuestionan el proyecto advierten que una mayor apertura podría facilitar la extranjerización de tierras consideradas estratégicas por sus recursos hídricos, minerales o productivos, además de plantear dudas sobre el impacto que podrían tener los cambios vinculados a la propiedad privada y los desalojos.

¿En qué instancia está?

Hasta el momento, el proyecto no fue aprobado definitivamente.

El tratamiento en el Senado fue postergado en varias oportunidades debido a que el oficialismo no consiguió los apoyos necesarios para convertirlo en ley. Por esa razón, la iniciativa continúa abierta a negociaciones y podría sufrir modificaciones antes de una eventual votación. Mientras tanto, la legislación vigente continúa plenamente en vigor.

¿Qué pasaría si se aprueba?

En caso de obtener la sanción definitiva, el régimen nacional que hoy limita la compra de tierras rurales por extranjeros cambiaría de manera sustancial y serían las provincias las que tendrían un rol central para definir las condiciones bajo las cuales podrían realizarse esas operaciones.

Además, comenzarían a aplicarse las nuevas reglas previstas sobre propiedad privada, expropiaciones y desalojos, siempre de acuerdo con el texto que finalmente apruebe el Congreso, ya que el proyecto todavía puede ser modificado durante su tratamiento legislativo.