La Auditoría de Villa María reclama que se revisen los aumentos de luz y gas

El planteo incluye revisar los costos de la energía, informar con anticipación los cuadros tarifarios y detallar los subsidios previstos para lo que resta de 2026 y 2027.

La Auditoría General de Villa María, a través de su titular Rafael Sachetto, se sumó al reclamo de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) para que el Gobierno nacional revise las tarifas de electricidad y gas en función de la capacidad de pago de las familias.

El pedido fue presentado ante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación, con el objetivo de que las decisiones sobre los servicios esenciales contemplen las dificultades económicas de los hogares y no se limiten a los costos del sistema energético y las metas fiscales.

Uno de los argumentos centrales del reclamo es el crecimiento de las dificultades para afrontar los gastos cotidianos. Según datos del Banco Central citados por ADPRA, la morosidad de los préstamos a las familias alcanzó el 12,9% en julio de 2026, más del doble que un año antes y el nivel más alto en más de dos décadas.

Además, cerca de 5,9 millones de personas registraban deudas en situación irregular. Para las defensorías, estas cifras reflejan un escenario en el que cada vez más hogares recurren a tarjetas de crédito y préstamos personales para cubrir necesidades básicas, como alimentos y servicios públicos.

Qué cambios solicitan a la Nación

El documento presentado por ADPRA incluye cinco propuestas para modificar aspectos de la política tarifaria:

• Revisar los costos de la energía y el transporte, con actualizaciones graduales que contemplen la capacidad económica de los usuarios.

• Informar anticipadamente las tarifas y los subsidios, con previsiones para lo que resta de 2026 y para 2027.

• Clarificar las facturas de electricidad, detallando cuánto corresponde a energía, transporte, distribución, impuestos y bonificaciones.

• Publicar información sobre los subsidios por provincia, incluyendo beneficiarios, exclusiones y montos transferidos.

• Evaluar una ampliación del consumo eléctrico subsidiado en regiones donde las condiciones climáticas requieren una mayor demanda de energía.

El planteo también apunta a que los usuarios puedan comprender qué componentes explican los cambios en sus facturas. En el caso de la electricidad, el abastecimiento de energía y el transporte están vinculados con decisiones nacionales, mientras que la distribución depende de los organismos reguladores de cada jurisdicción.

Por eso, ADPRA considera necesario que las actualizaciones sean previsibles y que la información sobre los subsidios resulte clara y accesible.

El reclamo se fundamenta, además, en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece la protección de los intereses económicos de los usuarios y su derecho a recibir información adecuada y veraz.