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VILLA NUEVA - CBA



Preso a los 14. Ya es ley la baja de la edad de imputabilidad ¿Estas de acuerdo?

El nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige y establece modificaciones en la edad de imputabilidad, las penas y las condiciones de cumplimiento, además de incorporar medidas alternativas a la prisión.

El nuevo Régimen Penal Juvenil ya se encuentra vigente en Argentina y establece un nuevo marco para los adolescentes que cometen delitos. Entre sus principales modificaciones se encuentra la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, junto con cambios en las penas, las condiciones de detención y las medidas alternativas a la prisión.

La normativa fue reglamentada mediante el Decreto 875/2026 y comenzó a regir tras cumplirse 180 días desde la publicación de la Ley 27.801. A partir de su implementación, los adolescentes de entre 14 y 17 años pueden ser sometidos a un proceso penal por los delitos contemplados por la legislación.

¿Qué establece el nuevo régimen?

Uno de los principales cambios es que la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. En cuanto a las condenas, la pena máxima prevista es de 15 años de prisión, mientras que no se contempla la prisión perpetua para menores de edad.

Además, quienes sean condenados deberán cumplir dos tercios de la pena para poder acceder a la libertad condicional.

El régimen también establece que los adolescentes privados de su libertad no podrán compartir espacios de encierro con adultos, diferenciando su tratamiento del sistema penitenciario destinado a mayores de edad.

La nueva normativa contempla distintas alternativas para determinados casos, entre ellas amonestaciones, monitoreo electrónico, prestación de servicios comunitarios y reparación del daño causado a la víctima.

A su vez, establece la responsabilidad civil de los padres por los daños que puedan ocasionar sus hijos.

Otro punto que se mantiene es la prohibición de difundir el nombre, apodo, domicilio o imagen de un menor imputado, con el objetivo de preservar su identidad.

El Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación. También se establecieron mecanismos de coordinación entre organismos nacionales y las provincias para llevar adelante la implementación del nuevo régimen.

La ley fue sancionada con 149 votos a favor y 100 en contra en el Congreso.

Según establece el texto, el objetivo del régimen es promover en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social.

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