La provincia de Salta aprobó una ley que impone multas, tareas comunitarias y hasta arresto a padres que no actúen ante casos de acoso escolar, reabriendo el debate sobre la responsabilidad familiar.
La provincia de Salta aprobó una reforma que establece sanciones para los padres de alumnos involucrados en casos de bullying escolar. La iniciativa contempla multas económicas e incluso arrestos de hasta 30 días para aquellos tutores que no colaboren en la prevención o resolución de estas situaciones.
El objetivo principal de la medida es reforzar el compromiso de las familias en la educación y convivencia de los estudiantes, evitando que los conflictos escolares queden sin respuesta. Según lo establecido, los padres deberán presentarse ante la Justicia y cumplir con disposiciones que pueden incluir tareas comunitarias o la participación en tratamientos psicológicos.
Desde la Legislatura provincial aclararon que el arresto será aplicado como última instancia, únicamente en casos donde no exista cooperación por parte de los responsables. La normativa surge en un contexto de creciente preocupación por la violencia escolar y el aumento de episodios graves en distintas regiones del país.
El debate en torno a esta reforma continúa abierto, especialmente en relación con los límites de la responsabilidad parental en este tipo de problemáticas. Mientras algunos sectores consideran que la medida puede contribuir a la prevención, otros cuestionan sus alcances y posibles implicancias en el ámbito familiar y legal.