Zona Fría: Villa María llevó su reclamo al Senado por las tarifas de gas

La Defensoría del Pueblo local, junto a su par de Río Cuarto, advirtió sobre las consecuencias que la reforma podría generar para los usuarios de la ciudad y pidió analizar su impacto económico y social.

La modificación del régimen de Zona Fría mantiene en alerta a Villa María por el posible impacto que podría generar en las facturas de gas de los hogares de la ciudad. En medio del tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación, la Auditoría General–Defensoría del Pueblo de Villa María presentó un planteo formal junto a su par de Río Cuarto para advertir sobre las consecuencias que podría tener el cambio de esquema.

La presentación fue realizada ante los senadores y senadoras de la Nación por representantes de ambos organismos y está vinculada al proyecto identificado como Orden del Día N.º 402, que propone modificar las condiciones actuales del régimen.

Desde Villa María señalaron que la discusión no debería limitarse a una modificación administrativa del sistema, sino que debe contemplar el efecto concreto que podría tener sobre las familias que actualmente acceden a una tarifa diferencial.

Qué puede cambiar para los usuarios de Villa María

El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 a través de la Ley 27.637 e incorporó a distintas localidades y regiones que hasta entonces no estaban contempladas. Villa María quedó comprendida dentro de esa ampliación.

Para los usuarios incorporados en esa etapa se estableció un esquema tarifario diferencial. En términos generales, el cuadro tarifario quedó fijado en un equivalente al 70% de la tarifa plena, mientras que determinados sectores considerados vulnerables acceden a una reducción mayor.

El proyecto que se encuentra en el Congreso plantea modificar este esquema y establecer nuevas condiciones para acceder a los beneficios, lo que podría cambiar la situación de parte de los hogares que actualmente cuentan con una tarifa diferencial.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y recibió dictamen favorable en comisiones del Senado, por lo que quedó habilitada para ser debatida en el recinto.

El planteo de la Defensoría de Villa María

Frente a este escenario, la Auditoría General–Defensoría del Pueblo de Villa María y la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto solicitaron que se analice el impacto que tendría la reforma antes de avanzar con su implementación.

En la presentación se puso el foco en la situación de quienes ya están alcanzados por el régimen y en la necesidad de garantizar previsibilidad para las familias.

Uno de los argumentos centrales es que la Ley 27.637 había establecido la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de 2031. Por eso, desde las defensorías consideran necesario evaluar las consecuencias de modificar de manera anticipada las condiciones que actualmente rigen para los usuarios.

También marcaron interrogantes sobre cómo funcionaría el nuevo sistema en la práctica. Entre ellos, qué ocurrirá con las personas que ya cuentan con el beneficio, si deberán realizar nuevos trámites y cuáles serán los criterios que determinarán la continuidad de la tarifa diferencial.

Para Villa María, uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el posible impacto de la reforma sobre la economía de los hogares.

Según advirtieron los organismos, si determinados usuarios dejan de estar alcanzados por el beneficio territorial podrían pasar a pagar una tarifa mayor. La situación tendría especial incidencia en las familias que destinan una parte importante de sus ingresos al pago de servicios esenciales.

La Defensoría planteó que el análisis del proyecto debería incorporar las particularidades de cada territorio y no limitarse exclusivamente a criterios generales de vulnerabilidad.

Proponen mantener el criterio territorial

Entre las alternativas elevadas al Senado, las defensorías propusieron que el criterio territorial que actualmente sostiene el régimen no sea eliminado por completo, sino que pueda complementarse con parámetros socioeconómicos.

De esta manera, se buscaría conservar la cobertura para las regiones actualmente alcanzadas y, al mismo tiempo, reforzar la protección para los hogares que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Otra posibilidad planteada es implementar un sistema de carácter estacional, con diferentes niveles de bonificación según la época del año y las necesidades energéticas de cada región.

Para los organismos, estas alternativas deberían ser evaluadas antes de avanzar con una modificación definitiva.

La discusión adquiere especial relevancia para Villa María porque la ciudad forma parte de las localidades cordobesas incorporadas al régimen de Zona Fría en 2021.

En ese marco, la Auditoría General–Defensoría del Pueblo local también organizó una exposición para abordar el futuro del esquema y sus posibles efectos en los usuarios de la ciudad y de la región.

La presentación conjunta con Río Cuarto apunta, además, a que las particularidades de las localidades incorporadas en 2021 sean contempladas en la discusión parlamentaria antes de definir el nuevo esquema.