En el tratamiento legislativo de posibles cambios a la Ley de Glaciares, uno de los aspectos que genera mayor controversia es el rol que podría asumir el Poder Ejecutivo en la toma de decisiones técnicas que hoy están en manos de organismos científicos.

Actualmente, la identificación y delimitación de glaciares y ambientes periglaciares depende del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), un organismo técnico especializado que define qué zonas deben quedar protegidas.

Sin embargo, en el debate parlamentario surgieron propuestas que plantean otorgar mayor intervención al Gobierno nacional en la interpretación y aplicación de esos criterios. En la práctica, esto podría traducirse en que decisiones sobre la extensión de áreas protegidas no queden exclusivamente bajo evaluación científica, sino también bajo análisis político-administrativo.

Quienes impulsan esta posibilidad argumentan que permitiría agilizar procesos y compatibilizar la protección ambiental con proyectos productivos estratégicos, particularmente en regiones cordilleranas.

Por el contrario, sectores académicos y ambientales advierten que desplazar o relativizar el rol técnico del organismo científico podría abrir la puerta a decisiones basadas en criterios económicos o coyunturales, debilitando el principio de protección preventiva que sostiene la ley vigente.

Así, el eje del debate no se limita a qué actividades permitir o restringir, sino a quién debe definir los límites de protección: si el conocimiento técnico independiente o la autoridad política del Estado.